Hace unas semanas atrás, la Asociación Nacional de Centros (ANC) y las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) denunciaron una campaña de difamación por parte del Gobierno y sus “aliados” (algunas empresas extractivistas y Congresistas) en contra de las ONGD, nacionales y extranjeras, acusándolos de financiar y promover los conflictos socioambientales en el país. 

Desde hace más de 30 años, las ONGD han venido aportando al País un conjunto de experiencias convertidas en la actualidad en programas, metodologías, procesos, etc. que se implementan en el estado en sus diferentes niveles de gobierno, en diversos temas como los derechos Humanos, Equidad de Género, Educación, salud, Agricultura Ecológica, Medio Ambiente, etc. olvidar y subestimar estos valiosos aportes al Perú, nos parece una mezquindad y un atropello inaceptable que no debemos dejar pasar.

Las ONGD son de las instituciones que más fiscalización han tenido y tienen, y frente a sus detractores de turno no hay punto de comparación, pues siempre están sometidas a la fiscalización de la SUNAT, el APCI, Auditorías internas y externas exigidas por los cooperantes que aportan sus recursos, entre otras.

Sin embargo, se les pretende cargar la responsabilidad del clima de alta conflictividad social, que solo es responsabilidad del Gobierno y de algunas empresas que no quieren cumplir con las normas existentes para evitar las responsabilidades ambientales y sociales a las que están obligadas.

El 25 de mayo del presente año, la UE a través de su Embajadora y respaldada por 14 embajadores europeos con sede en nuestro País, expresaron a través de una carta dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores, su preocupación por lo expresado por miembros del Gobierno sobre los fondos que manejan ONGD europeas, las cuales brindan a organizaciones de sociedad civil peruanas, para supuestamente alentar conflictos socioambientales, sobre ello y entre otras importantes afirmaciones, dijo la UE textualmente en su carta ”…en ese contexto, la atribución sumaria y sin pruebas de la responsabilidad de un conflicto social a ONGs europeas no solo sería injusta sino que podría llevar a opacar la comprensión del conflicto”.

En este marco, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) lanzó a través de la Resolución Directoral Ejecutiva (RDE) N° 085-2015-DE, un nuevo marco para condicionar la renovación de la inscripción de las organizaciones a una supervisión adicional, agregando nuevos procedimientos a los ya existentes, lo cual ha sido denunciado también por la ANC y las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX).

La ANC ha indicado que en dicha RDE la APCI pretende facultarse a sí misma la atribución de supervisar a las personas jurídicas o ONGD o ENIEX en su integralidad, que comprenda a "todos" los proyectos de cooperación no reembolsables que ejecuten, cuando la Ley N° 27692 y su modificatoria la Ley N°28925, que también invoca, no le autoriza a ejercer la supervisión fuera de las competencias señaladas en la misma ley de creación no la faculta.

Por otro lado la nueva definición de "Supervisión" contenida en la Resolución Directoral Ejecutiva de marras, cuando identifica como uno de los referentes de la supervisión "... determinar la eficiencia y eficacia de Ia utilización de los recursos (...) en el marco de los compromisos establecidos (...) con los objetivos de desarrollo del Pals", le otorga a la APCI un nuevo poder discrecional que colisiona con el derecho a la libertad de asociación, por cuanto si como resultado de la supervisión, la APCI concluye que las actividades o resultados no son compatibles con los "objetivos de desarrollo del país", esta Agencia tendría el pretexto para hacer uso de poder discrecional y arbitrario a la cual se ha conferido ilegalmente, para iniciar un proceso sancionador contra la ONGD y ENIEX, lo cual contraviene claramente la garantía constitucional de que toda persona tiene derecho a asociarse y constituir diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley.

El marte 13 de junio la ANC y la COECCI asistimos a una reunión con los funcionarios de la APCI, encabezada por su Directora la Arq. Rosa Herrera, que luego de algunos intercambios de ideas, les solicitamos que nos sustenten con algún estudio o diagnostico técnico y jurídico que haya originado la Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015-DE, en verdad no existía, hubo intentos de ensayar una explicación pero la ausencia de dicho estudio era evidente a todas luces.

Por tanto, la única razón para emitir tan ilegal resolución era el argumento político de presión sobre las ONGD y las ENIEX que de alguna manera están ligadas a algunos de los conflictos socioambientales en curso, de las cuales obviamente no son responsables y más bien por el contrario buscan que se mantenga el dialogo y la existencia de argumentos técnicos suficientes para un mejor entendimiento y solución de estos conflictos, que no siempre coincide con los intereses de algunas empresas extractivas como la Southern que en los últimos meses ha mostrado una intolerancia y desprecio por lo que opinan las poblaciones locales, que lamentablemente el Gobierno ha venido avalando.

Últimamente, y como parte de la delegación de la ANC que visito la APCI, la ONGD de la cual soy Director Ejecutivo, ha sido notificada para ser supervisada en dos proyectos ya fenecidos hace más de un año, sobre la base de un Plan de Supervisión 2015, que en ninguna parte de su texto señala la metodología de elegir a las instituciones que serán supervisadas, osea se hace según la conveniencia del APCI y las presiones que seguro está recibiendo al más alto nivel y de esta manera acallar nuestro desacuerdo; no somos los únicos pues también nos acompañan en estas “supervisiones” una buena cantidad de ONGD de la Red MUQUI, Cooperaccion, entre otras.

A pesar de todo esto seguiremos junto a la ANC y las ONGD del País, así como las ENIEX, trabajando para que se haga justicia, pero también como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años atrás colaborando con nuestro País y en especial con su población más vulnerable y nuestra biodiversidad que debemos conservar para las generaciones futuras.

(*) Biólogo, Vicepresidente de la ANC, Director Ejecutivo de SEPAR, Past Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú.