En el último discurso de 28 de julio del Presidente Ollanta Humala, se hizo evidente la mudez ambiental de nuestro mandatario, lo cual parecía que la palabra ambiente o algo parecido había sido proscrita de su vocabulario, sin embargo esto tendría un agravante, pues nuestro País será la sede de la próxima Cumbre de la partes de la Convención Mundial del Cambio Climático denominada COP 20 a realizarse en diciembre próximo.

Se esperaba que hubiera algunos anuncios importantes en materia ambiental y en especial de decisiones gubernamentales que consoliden nuestras políticas y normas ambientales y que fortalezcan así nuestra posición a nivel mundial y en especial la presidencia de la COP 20 que nos corresponde por ser país anfitrión.

Lo cierto es que con el “Paquetazo Ambiental” propuesto por el ejecutivo y aprobado por el Congreso de la República, anterior a su discurso, lo hubiera obligado a sustentar, el enorme retroceso que en materia normativa ambiental se ha producido, quizás por ello callo y vaya que lo hizo.

A decir de varias organizaciones de la Sociedad Civil como DAR, Red MUQUI, CEPES, Cooperacción, el CAAAP, ANC entre otros, La Ley N° 30230 (Paquetazo Ambiental), se ha establecido una serie de cambios normativos en temas tributarios, ambientales, de saneamiento físico legal de predios, y en las propias competencias de los gobiernos municipales y regionales sin documentos técnicos que sustenten la supuesta tramitología ambiental que “entorpecía” a las bien intencionadas inversiones de algunas empresas que eran “víctimas” de estas “persecuciones” en materia de procedimientos ambientales.

Estas organizaciones de la Sociedad Civil han demostrado que la Ley N° 30230: (i) reduce de la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); (ii) limita los procesos de Ordenamiento Territorial y de Zonificación Económica y Ecológica buscando que éstos sean solo referenciales, menoscabando las funciones y competencias de los gobiernos subnacionales para decidir sobre su territorio; (iii) reduce los plazos para la emisión de opiniones técnicas previas para los EIA proponiendo que se sancione a los funcionarios por incumplimiento del plazo, sin que se tome en cuenta los problemas actuales de recursos humanos, capacidades, financieros y técnicos de la administración pública -SERNANP, ANA, MINCU, entre otros-, (iv) limita las funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM) para que de acuerdo a sus criterios técnicos pueda decidir la creación de Zonas Reservadas, siendo estas zonas transitorias para la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP); (v) pone en riesgo la salud pública al incluir en las medidas pro inversión criterios económicos para establecer Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad (ECA) y no criterios técnicos.

La gravedad de los impactos esta norma, debió considerar un debate amplio y transparente con todos los actores involucrados, sin embargo, solo hubo apuro y poca transparencia para su aprobación, como si quisieran que no se descubriera el fondo de lo que hay detrás de ello, que muchos por supuesto sospechamos.

Hoy se ha revelado una comunicación entre los ministros de Energía y Minas y del Ambiente, donde queda al descubierto que la petrolera Karoon hizo el sustento técnico de la propuesta de Reglamento de Hidrocarburos donde se quería eliminar los EIA para la exploración petrolera. Recuerdo que el 12 de marzo el Colegio de Biólogos del Perú alerto sobre esta situación. Queda claro ahora de cómo antes del anuncio del Ministro Mayorga hubo una coordinación previa con el sector extractivo para llevar a delante su capricho. Debo reconocer que hubo ciertamente una inmediata aclaración del Ministro Pulgar Vidal en que era un tema en revisión, la pregunta sería ¿y en que quedo?

Ahora también se sabe que la empresa Karoon cuenta con concesiones de exploración en el mar del norte de Perú, zona en la que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP) tenía planeada la promulgación de una zona reservada. Finalmente la creación de esta zona reservada quedó trunca por el “Paquetazo Ambiental” que le restó competencias al SERNANP y al Ministerio del Medio Ambiente, ¿Casualidad?

Lo que se percibe es que mientras que en la COP 20 uno de los temas centrales es la mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI), por tanto avanzar en su reducción y por tanto fijarse metas, a contracorriente, el Gobierno se empeña en flexibilizar -de manera errada muchas veces- las condiciones para las inversiones en exploración y explotación de petróleo que luego se convertirá en la energía que producirá más GEI, en vez de priorizar la generación de energías limpias o garantizar en el caso del gas natural que su producción sea para el consumo nacional.

Las últimas acciones del Ministerio de Energía y Minas, así como del Ministerio de Economía y Finanzas, con el debilitamiento de las funciones del MINAM apuntan a resolver una agenda que beneficiará solo a un sector de empresas extractivas con la justificación que sus inversiones mejoraran la desaceleración económica que vive el país, aunque ya muchos especialistas han dicho que una cosa no tiene que ver con la otra, al final el Gobierno deteriora su imagen ante el mundo, mostrando que la COP 20 es solo un evento más que cumplir diplomáticamente, pero que en la practica la agenda de las voraces empresas extractivas está por encima de la agenda global y ambiental del País.