El día de ayer el Gobierno del Sr. Humala ha enviado al Congreso de la República un proyecto de Ley que “Establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos parar la promoción y dinamización de las inversiones en el País”. 

Dicho Proyecto de Ley, en su capítulo III, pretende reducir las competencias ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM) para aprobar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), así mismo pretende reducir la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para establecer multas a las instituciones que incumplan las obligaciones ambientales y por otro lado intenta limitar las opiniones vinculantes y no vinculantes de los sectores para aprobaciones de los Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La creación de zonas reservadas por Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas (SERNANP); se vería reducida al quitársele al MINAM su función de establecerlas.

La propuesta de Ley de marras contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Ley 26821), la Ley de Áreas Naturales Protegidas (art. 13) y así mismo las obligaciones del Perú frente al Tratado Libre Comercio con Estados Unidos.

El pretexto usado para el supuesto destrabamiento de las inversiones serian “las demoras” que los procesos para obtener EIAs o para la fiscalización ambiental generan a los “pobres“ inversionistas, cuestión que no es cierto y que en todo caso pueden ajustarse y mejorarse pero jamás debilitarse y mucho menos trasladar las decisiones a un Consejo de Ministros proclive a las inversiones extractivas sin condiciones, en realidad y aunque no lo admita el Gobierno se estaría retrocediendo erradamente en materia de normatividad e institucionalidad ambiental.

El grupo de Inversionistas que pugnan por debilitar la institucionalidad ambiental, en particular los que están en su mayoría en actividades extractivas quieren convencernos que el actual momento en que nuestra economía se va enfriando, no es fundamentalmente por la caída de los precios de los minerales y si no por las exigencias normativas y de procedimientos en materia ambiental, francamente esto es ridículo e inaceptable, más cuando connotados economistas han demostrado que las causas son otras, pero siempre encontraran argumentos aunque descabellados para debilitar las exigencias ambientales que cuando están en sus países las cumplen sin ningún problema.

Nos queda claro que este inefable lobby de las empresas extractivas ante el Gobierno no es de ahora y que ya ha logrado hasta hoy convertir al MINAM en un ente conservador y contemplativo, sin embargo su voracidad no tiene límites y ahora pretende de la mano del Gobierno terminar de sepultar lo que queda de autoridad ambiental en el MINAM, es decir ponerlo como mero observador en primera fila de los desastres que se darán en nuestros ecosistemas y medio ambiente.

De hecho la posible aprobación en el Congreso de la República tan desprestigiado hoy en día, traerá como consecuencia más conflictos socio-ambientales, en especial de las poblaciones locales y de los pueblos indígenas que junto a las organizaciones de la sociedad civil demandarán respeto a sus derechos, a su forma de vida, a sus ecosistemas naturales hoy en peligro.

Queda claro, que el Gobierno del Pdte. Ollanta Humala no tiene ningún compromiso de avanzar en reformas para fortalecer la institucionalidad ambiental, y ciertamente tampoco le interesa mucho que el mundo durante la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), se lleve la imagen de un Gobierno que solo en el papel y en el discurso se rasga las vestiduras por la conservación de sus recursos naturales y su medio ambiente, pero que en la práctica está dispuesto a dar licencia a las actividades extractivas para acabar con nuestros ecosistemas que a la naturaleza le costó formarlos en miles de años y que de pronto desaparecerán en algunos meses por la voracidad de malos inversionistas y de un Gobierno insensible muy poco comprometido con lo que es el patrimonio de todos los peruanos y peruanas.

Señor Ministro del Ambiente, si es cierto que Ud. no estuvo de acuerdo con estas propuesta y si se aprueba en el Congreso de la República, debe ser coherente con su postura y por tanto renunciar en señal de disconformidad como lo hicieron antes varios funcionarios públicos, no sea parte de este nuevo atropello contra nuestra institucionalidad ambiental y nuestra madre naturaleza.