Frente a “La Maquina Lavadora de madera”

Escribe: Sandro Chávez (*)

Tras algunos meses de silencio prudente y reflexivo de mi parte, una revelación que en la práctica era un secreto a voces, nos pone nuevamente en la necesidad de compartir algunas opiniones sobre lo que ha sido la presentación del informe de la organización no gubernamental norteamericana EIA denominado “LA MAQUINA LAVADORA, como el fraude y la corrupción en el Sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los Bosques del Perú” la cual pone en la agenda pública y en especial en el sector forestal la necesidad de un deslinde serio y profundo de responsabilidades frente a la evidente corrupción y crimen organizado de mafias que operan a vista y paciencia de muchas autoridades en los Bosque del país, lo cual acaba de ser documentado finalmente con algunos casos.

El EIA indica -sobre la base de documentos oficiales-, que entre el 2008 y el 2010 varias empresas peruanas exportaron a los Estados Unidos 112 embarques de caoba y cedro de origen ilegal y que de ellos el 62%, corresponde a Maderera Bozovich que es uno de los grupos más importantes del sector forestal.

Y como lo hace, cual es el negocio….

El informe señala que “los exportadores en Perú e importadores en EEUU y el mundo están involucrados en un flujo sistemático de madera ilegal proveniente de la Amazonía Peruana. Intencionalmente o por negligencia, cada uno de los actores y de las instancias involucrados en este sistema trabajan como piezas bien aceitadas de una maquinaria que está arrasando con los bosques Peruanos “.

Esta organización ha logrado identificar y recolectar las piezas de un rompecabezas que revelan el mecanismo que permite realizar este comercio ilegal al cual han  llamado “La Máquina Lavadora”.

En esencia se demuestra que el mecanismo funciona con malos concesionarios que presentan listados de árboles a extraer que no existen en el mundo real, y que varias malas autoridades autorizan la extracción de volúmenes de madera que no existen en la concesión, sobre la base estos volúmenes, los permisos correspondientes (Guías de Transporte Forestal o GTF) son vendidos en el mercado negro y son utilizados para lavar madera extraída ilegalmente de otras partes del país como áreas naturales protegidas, territorios indígenas, etc.

Los controles posteriores no detectan la ilegalidad, a menos que exista una verificación de cómo se realizó el aprovechamiento forestal. Pero incluso indica el informe, si se regresa al bosque y se verifica el fraude, esto no es suficiente para detener la ilegalidad (anecdóticamente se sabe que incluso algunos concesionarios sembraron tocones para evadir las verificaciones). A pesar de que las supervisiones de OSINFOR han detectado múltiples ilegalidades, la mayor parte de las concesiones en falta sigue operando y exportando.

El EIA, cruzó la información pública obtenida sobre las supervisiones realizadas por OSINFOR a una serie de concesiones madereras con la documentación de los permisos CITES para la exportación de caoba y cedro, identificando más de 100 embarques con madera de origen ilegal que se exportaron de Perú a EEUU entre enero del 2008 y mayo del 2010 (más 35%, del total de permisos CITES de Perú a EEUU para ese periodo).

Un caso emblemático desarrollado en el informe es OPEXA, la concesión donde comprobaron directamente en campo que los permisos de exportación correspondían a árboles imaginarios, es decir el censo forestal era falso. El concesionario, Francesco Mantuano, ha pasado dos años tratando que las autoridades reconozcan las ilegalidades de su propia concesión, sin conseguir que su concesión sea caducada y como el mismo dice todavía podría seguir operando “legalmente” dada la lentitud y pasividad de las autoridades forestales.

El informe también revisa el caso de las cuatro cuencas que debieron estar en veda para caoba y cedro entre los años 2000 y 2010, pero de donde una serie de autoridades aprobaron la extracción, comercialización y exportación de estas especies de madera yendo explícitamente en contra de la ley 27308 y que a pesar de ello no se han concretado sanciones.

Conclusiones del Informe

El EIA sostiene que la madera proveniente de Perú podría ser considerada de alto riesgo por los compradores internacionales preocupados por la legalidad y por el cumplimiento de la Ley Lacey (EEUU) o la Regulación de la Madera de la Unión Europea, así mismo, se abre la posibilidad de acciones bajo el Tratado de Libre Comercio Perú-EEUU y su Anexo sobre Gobernabilidad del Sector Forestal.

Se demuestra que el documento utilizado en todos los niveles administrativos nacionales e internacionales para “probar” el origen legal de la madera (Guía de Transporte Forestal - GTF) no tiene ningún valor real.

También concluyen que existen dudas razonables sobre la capacidad y la voluntad política del País para aplicar planes serios y efectivos para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación (REDD+).

El modelo de adjudicación de concesiones, los sistemas para conceder permisos de aprovechamiento, los mecanismos de control y monitoreo, así como los procedimientos para emitir documentos de exportación (incluyendo permisos CITES) no están funcionando para enfrentar las grandes cantidades de madera ilegal que está siendo aprovechada y comercializada tanto nacional como internacionalmente.

Reforma del Sector Forestal urgente

Quizás en los próximos días, escucharemos a más de un personaje forestal tratando de minimizar, descalificar o proponer el hecho consumado para evadir o tratar de evitar que se deslinden responsabilidades por lo que viene ocurriendo en el Bosque, lo cierto es, que ahora ya nos es posible tapar el sol con un árbol, menos si es de origen ilegal.

Lo revelado y documentado en el informe del EIA (el cual invitamos a leer con detenimiento), pone sobre la mesa la necesidad de una gran Reforma del Sector Forestal, de hecho, será muy importante que las autoridades competentes como La Contraloría de la República, la Fiscalía, inicien acciones contra aquellos que resulten responsable penal, civil y administrativamente de estas actividades ilícitas que vienen operando de manera organizada tanto dentro como fuera del estado.

Pero esto no es suficiente, pues el Congreso de la República deberá asumir con pulcritud su rol de fiscalización, convocando a las autoridades de turno para que expliquen como así persisten hasta ahora estas actividades ilícitas sin que haya mejoras ni sancionados.

También será necesario, la separación de muchos funcionarios comprometidos con gestiones anteriores que aun siguen operando y que gozan de cargos públicos con poder real de decisiones importantes sobre el control de estas actividades, a fin de que sean investigados y deslinden las responsabilidades a las que haya lugar. En el caso de OSINFOR se debe empezar de inmediato con la convocatoria a concurso público para cubrir la plaza de Presidente Ejecutivo que de acuerdo a su Ley de creación es obligatoria y no se estaría cumpliendo, lo cual no es una buena señal de trasparencia.

El Perú necesita contar con una Política Nacional Forestal, pendiente para su discusión y clave para establecer los ejes centrales del quehacer forestal, mejor si es de consenso y construida de manera participativa con todos los actores del Bosque.

Necesitamos mejores profesionales (Ingenieros Forestales, Biólogos, etc.) que actúen con transparencia y ética real, para ello los Colegios profesionales deben actuar de inmediato sobre aquellos que han venido avalando con sus firmas POAs, Inventarios falsos, entre otros documentos de importancia legal.

En suma, necesitamos un acuerdo nacional entre todos los actores del Bosque para emprender una gran reforma del sector Forestal, la contundencia de los hechos nos obliga a todos a poner nuestro mayor esfuerzo para concertar y lograr Bosques para todos y Bosques para siempre.

(*) Biólogo, Coordinador Nacional del Foro Ecológico del Perú