Tala y comercio ilegal de madera como la Caoba no han cesado.

Según el Wikileaks forestal que da cuenta de cables diplomáticos norteamericanos enviados el 2006, aparecido la semana pasada, el Gobierno peruano tenía conocimiento de que entre el 70 y el 90% de sus exportaciones de maderas procedían de la tala ilegal de árboles pero no tomó medidas para intentar acabar con esta situación.

Se señala que en el proceso de verificación se mostró que el 60 por ciento de las concesiones presentaban infracciones graves que incluía la falsificación de documentos, la extracción de madera fuera de los límites de la concesión y enlaces a los sobornos. Indican que ninguna de las concesiones verificadas mostró un alto nivel de gestión.

También dice: “En la reunión de la CITES, el Partido Republicano citó como su realización el sistema informático para realizar un seguimiento a la cosecha de caoba, un sistema desarrollado con financiamiento de USAID. Una información confiable indica que los datos siempre han sido mal introducidos o modificados más tarde en los lugares de campo, lo que permite a los concesionarios cortar más madera de lo legalmente permitidos. Post tiene sospechas de corrupción desde hace muchos meses y siempre ha informado al INRENA de estas preocupaciones. Hace pocas semanas, cuando la historia apareció en los medios de comunicación, el INRENA afirmó que sería frente a esta situación. Nada ha cambiado hasta la fecha”.

Ciertamente, no ha cambiado mucho

Aquellos que trabajan en el tema Forestal saben que estas informaciones son ciertas, es más, en el 2007 hubo el intento en la Intendencia Forestal liderada por el Ing. Edgardo Lizarraga de poner mano dura a la corrupción y por ende a la tala y comercialización ilegal de madera, en especial a aquella que procedía de cuencas como el Yavari y el Purús que estaban en veda para extraer Caoba, sin embargo la presión de las mafias y de malas autoridades lograron que se cambiaran a estas autoridades forestales y se retomara la situación de caos en la que anda el sector forestal.

Tal es el problema señalado en el Wikileaks, que probablemente haya sido uno de los argumentos de peso para que los EEUU considerara la necesidad de una Adenda Forestal en el Tratado de Libre Comercio que suscribieron con nuestro País, justamente el que ahora se ha incumplido descaradamente, pues tenía un plazo de cumplimiento que expiró en agosto del 2010 y que hasta ahora no se concreta por irresponsabilidad del Gobierno y de sus Autoridades especializadas.

El Gobierno por supuesto niega todo

El Ministro Brack (La República 4/03/2011) ha dicho “casi el 100% de la tala de caoba está bajo control; sin embargo, afirmó que de existir tala ilegal de caoba, ésta sería en pequeños porcentajes, ya que diferentes entidades velan por su adecuada explotación”. Es decir que el problema estaría resuelto, suponiendo que fuera así, habría que preguntarle que ha pasado con lo hecho anteriormente ¿habido una investigación al respecto?, ¿hay sanción a algún funcionario sobre ellos?, ¿se cumplió la veda de caoba y cedro al 100% en las cuencas amazónicas determinadas según la Ley 27308, Ley Forestal y de fauna Silvestre?

Por su parte el Ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, dijo (La República 4/03/2011)cartera realizará los análisis correspondientes a la denuncia de Wikileaks, puesto que los ha tomado por sorpresa, está analizando “dónde está procediendo la tala ilegal de caoba”. Osea que recién el MINAG y suponemos la Dirección General Forestal y Fauna Silvestre va a averiguar de dónde procede la tala ilegal de Caoba, lo que en verdad describe claramente el bajo nivel de priorización del tema Forestal en dicho Ministerio.